Mendoza adecuó su legislación y exige a empresas implementen un Plan de Integridad
La provincia de Mendoza se posicionó como referente a nivel nacional al adecuar su legislación a la Ley Nacional 27.401 (Responsabilidad Penal Empresarial) mediante la sanción de la Ley Provincial N° 9237 en 2020.
El Auditor General de Mendoza, Gabriel Balsells Miró, y el exsenador provincial Pablo Priore (impulsor del proyecto de adhesión) destacaron los avances y los desafíos pendientes de esta normativa, cuyo objetivo es involucrar activamente al sector privado en un sistema de prevención de ilícitos.
El exsenador Pablo Priore subrayó que la Ley 9237/2020 fue un paso crucial, trabajado durante su gestión, que sentó las bases para un sistema de prevención. La norma establece que las personas jurídicas que busquen contratar con el sector público provincial o municipal deben implementar un Programa de Integridad que cumplan con los estándares de la Ley Nacional 27.401.
La ley provincial exige estos programas de prevención a las empresas que deseen participar en ciertas contrataciones con el Estado, buscando mitigar los riesgos de corrupción desde el origen.
En resumen, si bien Mendoza ha dado pasos fundamentales, siendo pionera en la adecuación de su normativa y creando sistemas de registro avanzados, el desafío pendiente radica en la plena implementación de las reglamentaciones y la extensión del sistema de prevención a la órbita de los municipios.