Fiscalía observa el cumplimiento de la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública
La Escribanía General de la Gobernación comenzó a realizar la remisión de informes a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) sobre la recepción de las declaraciones juradas de funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública N° 5428.
La norma tiene un amplio alcance en este aspecto, y no solamente se aplica al gobernador, vicegobernador y los ministros, sino también a secretarios, subsecretarios y todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicaciones de licitaciones, de compras o de contrataciones del Estado o participe en la toma de decisiones sobre las mismas.
En el caso de los municipios, con las nuevas gestiones que asumieron en diciembre del año pasado, son 69 intendentes y más de 350 concejales los que están comprendidos en los alcances de la Ley, además de los distintos funcionarios que conforman los gabinetes comunales.
Entre los que tuvieron que hacer las presentaciones se encuentran los diputados provinciales, además de los funcionarios y empleados del Poder Legislativo con categoría no inferior a director o equivalente.
Cabe destacar que la Escribanía General de Gobierno es la que debe controlar que la presentación de las declaraciones juradas se realicen en los términos y formas establecidos en la Ley, por lo que ante incumplimientos debe informar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a efectos del inicio de las actuaciones sumariales y la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.
En la lista
La Ley sancionada en el año 2004, también obliga a presentar declaraciones juradas a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los jueces de Cámara, jueces de primera instancia y de Paz, Procurador General, Fiscales y Defensores del Ministerio Público, secretarios y prosecretarios de todos los fueros e instancias.
Asimismo deben presentar sus declaraciones los integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento; el fiscal general y fiscales adjuntos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas; el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal de Cuentas, Fiscal de Estado, como también los intendentes, concejales, secretarios, subsecretarios y todo funcionario o empleado con categoría no inferior a director o equivalente.