Fiscal de Estado, vocal del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo deben cumplir la Ley de Ética

En la última sesión de la Cámara de Diputados, los bloques políticos dieron acuerdo a la designación de Luis Meza como Fiscal de Estado, además de cubrir la vacante en la vocalía del Tribunal de Cuentas por la renuncia de Matilde Mayo, cargo para el que fue designada María Elena Mancebo. Además la Legislatura eligió al Defensor del Pueblo, responsabilidad que recayó nuevamente en Gustavo Corregido, quién estará acompañado por Hugo Maldonado como Defensor Adjunto.

A partir de la asunción formal en los cargos, los nuevos funcionarios deberán cumplir los plazos establecidos en la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública, por lo que tendrán 15 días hábiles para presentar la declaración jurada patrimonial.

Aquellos que estén alcanzados por esta norma y no presentes sus declaraciones juradas en el plazo establecido, serán intimadas por la autoridad del organismo responsable de la recepción (Escribanía General de Gobierno), para que lo hagan en el plazo de 15 días corridos; el incumplimiento de la intimación será considerado una falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria respectiva y a la suspensión inmediata del pago de toda retribución, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

 

Autoridad de aplicación

Cabe destacar que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) es la autoridad de aplicación de la Ley, por lo que es la que deberá implementar la información sumaria en los casos que fuera notificado por parte de la Escribanía General de Gobierno sobre el incumplimiento del régimen de declaraciones juradas de funcionarios, a efectos de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder.

Respecto a los funcionarios salientes corren los mismos plazos para presentar la declaración jurada patrimonial al egresar de sus cargos, además en el caso de la exvocal del Tribunal de Cuentas, Matilde Mayo debe cumplir con la Ley de Juicio de Residencia, con tiene 30 días hábiles para presentar los informes de gestión y las declaraciones de evolución patrimonial.