FIA Chaco recibió al titular de la OA
El titular de la Oficina Anticorrupción de Nación, Félix Crous, durante su visita a la provincia se reunió con las autoridades y el personal de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en las que analizó distintos aspectos de las tareas que se desarrollan en los organismos, como así también coordinaron acciones para el próximo encuentro del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción.
En este sentido el Fiscal General, Dr. Gustavo Leguizamón acompañado de la Fiscal Adjunta, Dra. Margarita Beveraggi y el Contador Auditor Cr. Ariel Zurlo Torres, confirmó que Chaco a mediados del año entrante será sede del Foro de Fiscalías retomando las reuniones presenciales y en la que se espera ampliar la participación de provincias y municipios.
Acompañamiento
Cabe destacar que previo a este encuentro Leguizamón acompañó a Crous y la comitiva de la OA a la firma de convenios con el gobierno chaqueño sobre integridad y transparencia, además de la adhesión al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y entidades (RITE).
Crous explicó que es el “primer acuerdo de colaboración con una provincia en el que se despliega un convenio marco para las políticas de prevención de la corrupción y uno específico para el desarrollo de una plataforma de trabajo con las cámaras empresariales, para que vuelquen su desarrollo de integridad y mejoren la contratación con el Estado”.
Para lograr estos objetivos se prevé la participación en mesas de trabajo organizadas por la OA, la colaboración en el contenido de formularios de integridad y la promoción de capacitaciones sobre el tema específico, entre otros.
El RITE es una plataforma para el registro voluntario de aquellas organizaciones que tengan interés en avanzar en el desarrollo de acciones de integridad y transparencia de sus operaciones. Además, colabora con la implementación efectiva de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas permitiendo mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para la contratación con el Estado, así como el conocimiento y evaluación por parte de las oficinas públicas de los programas de integridad.